§1014503
ImprimirEnviar
Publicidad
La tributación por módulos, siempre acompañada de la polémica, presenta múltiples “lagunas” en su cumplimiento y control por parte de la Administración. Así lo considera el Tribunal de Cuentas que, en uno de sus últimos informes, denuncia que la Agencia Tributaria dejó de perseguir la mitad de los incumplimientos detectados en la aplicación de este sistema tanto en el IRPF como en el IVA. Subraya que la quinta parte de los contribuyentes potenciales de este régimen renuncia al mismo (sobre todo, en la construcción), sin que se investiguen las causas.
En su análisis, correspondiente a 2002 y 2003, el órgano encargado de revisar las cuentas públicas y depurar posibles responsabilidades señala que los resultados de gestión de Hacienda respecto a las declaraciones por módulos “habían empeorado prácticamente en todas sus fases”. Apunta que la “mayoría” de los procedimientos sancionadores abiertos por en esa materia “estarían caducados”, al haber transcurrido el plazo legal de 6 meses desde que fueron iniciados.
Reproche
La mayoría de las irregularidades detectadas correspondían a las delegaciones de Hacienda en Madrid, Andalucía y Valencia. Pero el tribunal también realiza un reproche al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Y es que, a pesar de las reformas realizadas en la legislación aplicable a la tributación de las actividades económicas en los regímenes de estimación objetiva (es decir, por módulos), dicha normativa aún “permite prácticas que impiden un adecuado control por la Agencia Tributaria, y posibilitan situaciones de fraude fiscal”.
Para solventarlo, el Gobierno ya anunció a principios de año que introduciría varios cambios en la tributación por módulos. El principal, que se incluye en el anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal que aprobó el último Consejo de Ministros, es el establecimiento de una retención en los pagos entre empresarios o profesionales (de entre el 2% y el 5% de la suma total) hasta comprobar su veracidad.
Asimismo, se revisará el recargo por equivalencia en el IVA, para excluir a quienes se acojan al régimen de estimación directa en el IRPF, camino que seguirán quienes fraccionen sus ingresos para no superar los límites fijados en la norma.
