§1014487
El Anteproyecto establece que todos los procesos de ordenación y gestión urbanística estarán sujetos a unos plazos mínimos de información pública durante los cuales los ciudadanos podrán conocer y opinar sobre los mismos.
Desde hace años la Unión Europea insiste en la necesidad de lograr un desarrollo sostenible como forma de garantizar el futuro crecimiento económico y social. En España el sector de la construcción y el urbanismo son un pilar básico que debe mantenerse, al tiempo que se promueve el uso racional del suelo, ya que se trata de un bien escaso que no puede reponerse. Debe haber todo el suelo urbanizable que se necesite para atender las necesidades de la sociedad, pero no mantener la actual situación que ha llevado a que se haya urbanizado más suelo que nunca y, sin embargo, el precio del suelo haya crecido más que nunca.
Suelo para viviendas protegidas
Este encarecimiento ha provocado que en los últimos años no haya habido suelo en condiciones suficientes para la construcción de viviendas protegidas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos con menores ingresos. Por eso el Anteproyecto de Ley establece la obligatoriedad de que, con carácter general, todos los desarrollos urbanos tengan que destinar un porcentaje del suelo residencial de, al menos, un 25 por 100 para viviendas protegidas, de forma que haya una oferta suficiente que, además, favorezca la cohesión social en las ciudades y pueblos.
Por último, el Anteproyecto de Ley del Suelo y Valoraciones establece los mecanismos para que las plusvalías que se generan en los procesos de urbanización y edificación se valoren según se vayan realizando y no por meras expectativas de una posible transformación del suelo.
Además, se establece que las cesiones obligatorias de suelo a la Administración se destinen prioritariamente a la construcción de vivienda protegida impidiendo que dichos suelos puedan ser subastados.
