Las principales medidas que se están poniendo en marcha se detallan a continuación:
Se emitirán campañas institucionales de información y sensibilización contra la violencia de género, que tendrán en cuenta de forma especial la situación de mujeres de mayor riesgo.
Se realizarán programas de sensibilización y formación continua para el personal sanitario, docente y funcionarios de Justicia y de Seguridad del Estado.
El Ministerio del Interior garantizará que la víctima sea informada de todos los derechos reconocidos en la Ley, especialmente el de teleasistencia.
El Consejo General del Poder Judicial emitirá la correspondiente instrucción para garantizar la coordinación entre la protección entre la protección que brinda la orden y el servicio de teleasistencia.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad garantizará la total implantación del servicio de teleasistencia y asegurará que el mismo de cobertura a todas las víctimas que cuenten con orden de protección. Para ello se firmarán convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias y se elaborarán protocolos de actuación con el Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio del Interior elaborará un plan de actuación inmediata para reforzar las unidades especializadas en la asistencia y protección de las víctimas: las EMUMES (Especialistas en Mujer y Menor), integrados en las Unidades de Policía Judicial de cada Comandancia y Comarcales de la Guardia Civil, y los SAM (Servicio de Atención a Mujer), como unidades especializadas de la Policía Nacional.
Se realizarán convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias para que la Policía Local participe con rigor en la vigilancia y cumplimiento de las órdenes de protección dictadas por la autoridad judicial.
Se revisarán y elaborarán nuevos protocolos de actuación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces, los servicios sociales, servicios sanitarios e instituciones encargadas de prestar asistencia a las víctimas para que cuenten con todas las garantías precisas cuando las víctimas carezcan de recursos para litigar.
Se garantizará la equidad interterritorial en la implantación de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de acogida y de atención integral, con el fin de que tanto la víctima como los menores que se encuentren bajo su patria potestad, puedan acceder a los mismos. Para ello se llevará a cabo el reparto del Fondo consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005.
El Programa de Empleo del Reino de España incluirá uno específico para mujeres maltratadas con medidas que favorezcan una nueva actividad por cuenta propia. También incluirá las bonificaciones a que tiene derecho la empresa en el supuesto de sustitución de la trabajadora víctima de violencia de género cuyo contrato laboral quedara suspendido y hasta nueva reincorporación.
Las víctimas que participen en estos programas tendrán derecho a la percepción de la renta activa de inserción. De no hacerlo tendrían derecho a una ayuda social equivalente al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional.
Las trabajadoras víctimas de violencia de género que suspendan o extingan su contrato de trabajo, tendrán derecho de prestación por desempleo.
