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  • EDICIÓN DE 15/12/2004
 
 

LA COMISIÓN EUROPEA EXIGE QUE SE PONGA FIN A LA EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS EN UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

15/12/2004
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La Comisión Europea exigió el pasado martes al Gobierno español abolir la norma que permite a las empresas cotizadas en España suprimir el derecho preferente de sus propios accionistas a suscribir una ampliación de capital. Bruselas cree que se trata de una discriminación intolerable entre inversores.

El Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas faculta a la Junta General de las empresas para, en ciertas condiciones, suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente de sus accionistas en el momento de decidir una ampliación de capital.

La Comisión Europea anunció el martes que ha pedido formalmente al Gobierno español que modifique la legislación para acabar con esa posibilidad. El dictamen comunitario enviado a las autoridades españolas recuerda que el objetivo del derecho preferente es garantizar a los accionistas de una empresa la prioridad absoluta cuando se emitan nuevos títulos.

La derogación de ese derecho, señala la Comisión, no sólo viola esa preferencia sino que, además, “puede debilitar indebidamente la participación de un accionista, reduciéndola en proporción al capital total de la sociedad”. A juicio de la Comisión, esto supone una discriminación de los accionistas de sociedades cotizadas españolas que contraviene la Segunda Directiva sobre Derecho de Sociedades.

El expediente atañe al tratamiento legal de las ampliaciones de capital con aportaciones dinerarias y a la conversión de obligaciones en acciones de nueva emisión.

Las empresas españolas recurren habitualmente a la supresión de los derechos preferentes cuando la ampliación de capital se hace pensando en un destinatario predeterminado, si quieren agilizar los trámites y la colocación o cuando tienen un volumen muy elevado de acciones que ofrecer.

La fórmula evita, según los casos, que otro inversor se haga con el paquete accionarial diseñado para el futuro socio o que la concurrencia de los actuales accionistas dilate el proceso de colocación o arrastre la cotización bursátil a la baja.

El expediente comunitario contra la legislación española se inició en enero de este año, cuando la Comisión envió a España una carta de emplazamiento. Bruselas ha decidido intensificar la presión ante la respuesta insatisfactoria envidiada por las autoridades españolas en marzo.

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