Así lo ha acordado el Pleno del Consejo General del Poder Judicial al aprobar por once votos a favor y nueve en contra un escrito planteado por cinco vocales de la mayoría conservadora en el que se solicita que la Comisión de Estudios elabore un estudio jurídico sobre esta reforma del Código Civil dada su trascendencia social y jurídica.
El Ejecutivo decidió no remitir el Anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial, al considerar que no incluía reformas en materias sobre las que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es preceptivo el informe del Consejo, decisión que el Gobierno ha mantenido a pesar de que la semana pasada el Pleno del Consejo insistió en reclamarle el texto.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, afirmó que el órgano de gobierno de los jueces recibió una comunicación del Ministerio de Justicia en la que su titular, Juan Fernando López Aguilar, recordaba que el citado órgano no debe opinar sobre el Anteproyecto si el Gobierno no se lo ha pedido.
Enrique López matizó sin embargo que se ha decidido encargar un estudio jurídico a la Comisión de Estudios al entender que se trata de una reforma de gran relevancia social y que afecta al funcionamiento de los tribunales.
Así quiso destacar que no se trata de un informe, algo que recordó se hace a petición de otro órgano, sino de un estudio jurídico que se hace a petición propia, y matizó que el Consejo esperará a conocer el texto definitivo que apruebe el Consejo de Ministros y que remita a las Cortes para elaborarlo.
