El fiscal jefe de Valencia, Miguel Falomir, anunció esta medida tras reunirse con los sindicatos UGT y CCOO y el fiscal coordinador de la sección de riesgos laborales, Jaime Gil, para concretar una de las primeras iniciativas del grupo de cinco representantes del ministerio público especializados en este ámbito.
Según Miguel Falomir, “puede ocurrir que un sindicato o una ONG entiendan que deben iniciar una querella contra alguna empresa por incumplimiento de la legislación sobre seguridad en el trabajo y que no cuenten con los medios económicos para hacer frente a la fianza que el juez les puede exigir”.
En ese caso, aclaró, “deben ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, y ésta, tras estudiarlo y considerar que merecer la pena una intervención, no tendrá ninguna duda en presentar una querella para que la entidad correspondiente se sume al procedimiento habiendo superado el problema de la fianza”.
El objetivo de esta nueva etapa es la prevención general y abandonar el criterio de actuar cuando se ha producido el accidente, que es lo que suele suceder.
En este sentido, Jaime Gil dijo que hay que actuar coordinadamente, reflexionar e inculcar que en los riesgos no sólo se actúa cuando hay un siniestro, sino antes de que se produzca. Hacer saber que un accidente se podría haber evitado con diligencia en el cumplimiento de la legislación sobre riesgos laborales.
