DE NUEVO EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN
Según datos aparecidos en los medios informativos, al menos 500.000 inmigrantes hay en España sin papeles, por tanto, en situación irregular. Unos trabajan sin contrato, la mayor parte de las veces en condiciones indescriptibles, otros se mueven por las calles, viviendo de la mendicidad, y algún grupo que otro comete actos delictivos. Las leyes que se han ido aprobando no han resuelto el problema, que ha llegado a alcanzar tintes dramáticos.
Frente este problema se pregunta el autor si tenemos necesidad de inmigrantes. Ante la baja tasa de fecundidad de la población española, José Barea ha realizado una estimación de los inmigrantes necesarios para conservar en 2050 la capacidad productiva existente en la actualidad, dando como resultado que sería necesario una entrada de sólo 5 millones de inmigrantes en igual período, en el supuesto de que tasa de actividad española aumente paulatinamente como ha ocurrido en los diez últimos años para alcanzar la que como media tiene actualmente la Unión Europea, que en la última década ha permanecido prácticamente inamovible.
Cualquiera que sea el número de inmigrantes que se estime necesario para mantener el crecimiento de la economía española (entre 5 y 12 millones), el catedrático considera evidente que necesitamos efectuar una regulación de su entrada para evitar lo que se ha venido sucediendo: la existencia de una inmigración ilegal.
Si como han demostrado los estudios realizados, España necesita inmigrantes para mantener su potencial de crecimiento, y existen ya más de 500.000 en España con carácter de ilegales, el autor entiende que lo más conveniente es buscar una solución al problema que ya existe, sin perjuicio de planificar a largo plazo la entrada paulatina de nuevos inmigrantes.
Desde el punto de vista de la eficiencia José Barea Tejeiro considera que los inmigrantes son necesarios aunque carezcan contrato y de afiliación a la Seguridad Social. Si son necesarios y una gran parte de ellos están inclusive trabajando, la cuestión queda reducida a buscar el procedimiento para su integración legal en el mercado de trabajo. Si nuestra actual legislación lo permite, aplíquense con amplitud y visión humanitaria la misma; en caso contrario arbítrese con carácter de urgencia el procedimiento adecuado para aprobar una nueva Ley, que de ser posible debería ser consensuada entre todos los grupos políticos.
La primera condición necesaria, pero no suficiente, sería que demostrasen una residencia en España durante un plazo de al menos dos años, pero este plazo es ante todo una decisión eminentemente política. El padrón sería el documento que debería servir de base para probar la residencia, si bien el Gobierno podría considerar cualquier otra prueba admitida en derecho.
La segunda condición sería que se encontrasen trabajando, aunque fuera sin contrato y sin alta en Seguridad Social. El problema que surge es cómo demostrar el inmigrante que está trabajando, cuando el empresario, si lo admite, será sancionado.
Entiende el autor que para los inmigrantes que, reuniendo la primera condición, no hubieran trabajado durante su residencia en España, por razones de equidad debería el Gobierno legalizar su situación, de forma tal que pudieran incorporarse legalmente al mercado de trabajo, y los empresarios pudieran contratarlos y afiliarlos a la Seguridad Social, ya que, en su opinión, esto daría lugar a la desaparición de la bolsa de la economía sumergida basada en los inmigrantes sin papeles.
Para finalizar el autor quiere con este artículo informar a la sociedad de que si queremos conservar nuestro bienestar económico y social, necesitamos mano de obra extranjera.
