En el Auto, el Tribunal Constitucional considera que “existen motivos suficientes para acordar el levantamiento de la suspensión” dictada por el mismo Tribunal el pasado 27 de abril al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular contra esta medida de la Junta de Andalucía.
El Tribunal Constitucional señala que el levantamiento de esta suspensión “no implica perjuicios de imposible o difícil reparación, ni al interés público general ni a los intereses particulares”.
Sin embargo, estima que el mantenimiento de la suspensión “limitaría a la Comunidad Autónoma de Andalucía para ejercer sus competencias en la protección y defensa del medio ambiente, produciendo graves perjuicios a la Hacienda de la Comunidad en la medida en que dejaría de ingresar los 10,4 millones de euros que han sido presupuestados para el ejercicio de 2004”.
El impuesto sobre residuos radiactivos tiene como objetivo controlar y gravar el depósito de los mismos en el centro de residuos de El Cabril (Córdoba), donde se reciben residuos de este tipo de alta-media actividad procedentes de varios puntos de España.