Así lo ha afirmado la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, tras la reunión urgente convocada por estos tres órganos a raíz de los últimos acontecimientos.
En la reunión se ha decidido estudiar un sistema ágil de intercambio de información, respuestas más severas ante el quebrantamiento de medidas cautelares, coordinación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y priorización de las órdenes de protección de más riesgo.
El borrador de protocolo será remitido para su aprobación en el plazo más breve posible a la Comisión de Seguimiento y Aplicación de la orden de protección, en la que, además de estas tres instituciones, están representados el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
La Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior volverán a reunirse la próxima semana con el fin de concretar los contenidos del borrador.
Las reformas legales se producirán en el marco de la futura Ley Integral contra la Violencia de Género, pero mientras tanto, dentro del actual marco legal, se reforzarán los mecanismos de protección a las víctimas de la violencia de género.
Al mismo tiempo, se prevé articular un mecanismo de comunicación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los juzgados de todas las incidencias que se comentan por parte del agresor.
