La normativa, que se encuentra en fase de consulta, para ser después remitida al Consejo y al Parlamento, afecta a abogados, consultores, profesiones liberales, en general, y en especial al sector del comercio, en el que las trabas a la competencia han sido reiteradamente denunciadas desde la propia Comisión.
La propuesta de directiva establece como principio general que los Estados no podrán subordinar el acceso y el ejercicio de un servicio a un régimen de autorización salvo que se cumplan unas determinadas condiciones, como que el régimen no sea discriminatorio, que se pueda justificar por una razón imperiosa de interés general, o que el objetivo perseguido no pueda realizarse por una medida menos restrictiva.
Además, la norma señala que la autorización debe permitir a quien preste el servicio el ejercicio de su actividad en todo el territorio nacional salvo que una razón de interés general justifique una autorización para cada implantación. Estas medidas chocan frontalmente con la legislación española, en la que las normas nacionales, autonómicas y municipales se contraponen.
Asimismo, la propuesta de directiva obliga a los Estados a que las formalidades no sean disuasorias y no retrasen la prestación del servicio, para lo que se fijarán unos plazos de concesión breves y el silencio positivo. Esta obligación también choca con la situación actual de nuestro país en la que las grandes superficies tienen paralizadas inversiones por más de 500 millones de euros, que conllevarían la creación de alrededor de 20.000 empleos como consecuencia de las trabas administrativas, fundamentalmente en algunas Comunidades Autónomas, que impiden la apertura de nuevos establecimientos.
Otro de los aspectos a los que se refiere el proyecto de normativa, y que también afecta directamente a algunas regulaciones autonómicas, es el referido a las exigencias prohibidas.
