José Ramón Ferrándiz se mostró satisfecho de las conclusiones alcanzadas en el XV Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura y puso especial énfasis en la necesidad de que “todos aunemos nuestras fuerzas para que el respeto a la Carta Magna presida la actuación de los ciudadanos y juristas para conseguir el auténtico desarrollo de los preceptos constitucionales, sin lagunas ni actuaciones unilaterales”.
Por su parte, el Ministro de Justicia, José María Michavila, defendió el Pacto de Estado para la Justicia, criticó la utilización electoralista del mismo y destacó que, en la actualidad, el 69 por ciento de los jueces considera que la justicia está mejorando mucho.
Además, el titular de Justicia hizo alusión a la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la que, según dijo, se recogen aspectos demandados por la propia Asociación Profesional de la Magistratura y resaltó el esfuerzo realizado por los jueces para agilizar la justicia penal.
Una de las principales conclusiones alcanzadas en el Congreso de la Asociación es que la seguridad jurídica y la estabilidad del Estado de Derecho exigen no sólo el pleno respeto y acatamiento de las resoluciones de los jueces y tribunales por parte de todas las personas, así como de autoridades e instituciones, sino también su estricto cumplimiento.
La Asociación Profesional de la Magistratura añade que, por mandato de la Constitución, la interpretación y aplicación del Derecho corresponde al Poder Judicial y, por consiguiente, “no puede ser sustituido por la arbitraria actuación de quienes están obligados a su cumplimiento”.
Respecto al sistema de valoración del trabajo del juez, la Asociación ha manifestado que “limitar la valoración del trabajo judicial a la fase final, implica desconocimiento y desprecio de todo el trabajo en sí mismo”. Por ello, proponen rechazar todo sistema de valoración desde puntos de vista únicamente cuantitativos y de producción e instan a la comisión ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura a que elaboren una propuesta concreta que no incurra en estos errores y desviaciones.
Respecto al papel del Tribunal Supremo, la Asociación Profesional de la Magistratura establece que su función como órgano de casación “debe consistir en la creación de jurisprudencia para garantizar la unidad interpretativa del ordenamiento y la seguridad jurídica”. Por ello, exigen que el legislador regule el acceso a la casación en función de la unidad de la doctrina.
En la ponencia sobre el juez español en el ámbito europeo, los compromisarios de la Asociación Profesional de la Magistratura concluyeron que es preciso ahondar en la convicción de todos y cada uno de los jueces españoles de su condición de jueces de la Unión Europea, aplicadores de un Derecho común interpretado uniformemente.
Para ello, consideran que el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas deben hacer un esfuerzo para “proveer a todos los jueces españoles que lo precisen de una formación básica que les asegure el conocimiento del derecho originario y de las instituciones europeas”, formación que debe comenzar en la Escuela Judicial.
