El acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo desautoriza la pretensión de varios vocales de la minoría progresista de que fuese el Servicio de Inspección el que investigase el funcionamiento de la jurisdicción penal en esta materia.
El acuerdo oficial del Consejo General del Poder Judicial afirma que sería un “contrasentido” pretender que el Consejo influya en los jueces. No obstante, dice que “puede resultar útil que el Consejo General del Poder Judicial realice todos los informes precisos que permitan mejorar la eficacia del trabajo judicial”.
El texto fue promovido por dos vocales de la minoría, por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, diez vocales de la mayoría conservadora y Agustín Azparren.
El único vocal de la mayoría que votó en contra fue José Luis Requero, para el cual este acuerdo daña la independencia judicial.
