Dicho estudio revela debilidades y deficiencias en el control de la gestión económico-financiera de los tribunales y advierte divergencias en las plantillas de personal y un insuficiente control de subvenciones, gastos corrientes de inversión, y cuentas corrientes.
La entidad fiscalizadora destaca en su informe divergencias entre las dotaciones de personal funcionario y laboral de los órganos judiciales y el número real de efectivos, que se caracteriza por un escaso grado de ocupación del personal fijo y un alto número de personal interino, sustituto o eventual, que incluso llegan a sobrepasar en algunas categorías al de plazas dotadas vacantes.
Respecto de los gastos corrientes e inversiones, el Tribunal de Cuentas denuncia la inexistencia de controles, instrucciones y procesos normalizados para la tramitación de las peticiones de los órganos judiciales y para la utilización del sistema de contratación más adecuado.
En cuanto a las subvenciones a los Consejos Generales de Abogados y Procuradores, para la financiación del turno de oficio y asistencia letrada al detenido, así como para la financiación del Plan contra la violencia doméstica, las deficiencias de control se refieren a la documentación remitida por los mismos, que no es objeto de comprobación material alguna, al igual que los justificantes sobrantes en los respectivos Colegios profesionales.
Ante estos fallos, la entidad fiscalizadora recomienda la mejora del sistema de control interno establecido en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha asegurado que todas estas deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas han sido objeto de corrección.
El Ministerio asegura, además, que desde noviembre de 2000 se han dictado numerosas circulares para regular los procedimientos de solicitud y gestión de créditos de formación, el control de gasto telefónico, combustible, transporte y asignación de teléfonos móviles, gestión del parque móvil, etc.
Respecto a las transferencias corrientes, Justicia señala que ahora ya tiene constancia de las realizadas por los Juzgados de Paz y de que la totalidad de las cantidades abonadas al Consejo General del Colegio de Abogados y Procuradores han sido efectivamente distribuidas entre los profesionales.
