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  • EDICIÓN DE 07/10/2003
 
 

EL GOBIERNO ENDURECERÁ EL TRATAMIENTO A LOS MENORES QUE COMETAN DELITOS GRAVES

07/10/2003
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El Ministerio de Justicia está dispuesto a abordar una reforma de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores para dar respuesta a los problemas que ha planteado desde su aprobación.

El titular de Justicia, José María Michavila, ha anunciado que se reunirá con todos los grupos parlamentarios para tratar de consensuar esta reforma. La reforma ya estaba incluida en el Pacto de Estado por la Justicia cuyo punto 17, apartado c), habla de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de fortalecer la protección y defensa de las víctimas de delitos violentos en todos los procesos penales, incluido el ámbito de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.

En este sentido, ya se han producido algunas conversaciones con distintos grupos políticos para llegar a un acuerdo sobre los principios generales de la reforma que se quiere impulsar.

Convergència i Unió y Coalición Canaria se han mostrado de acuerdo con el Ministerio de Justicia, y el Partido Nacionalista Vasco no lo ha rechazado. Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Jesús Caldera, aseguró que los socialistas están dispuestos a debatir sobre una reforma de la Ley del Menor para incrementar las penas de los delitos más graves y permitir la personación como acusación particular de las familias de las víctimas.

Aunque aún no están perfiladas las medidas que se van a introducir, se va a partir de que los principios generales de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores son positivos y se van a mantener.

Así, el Ministro de Justicia ha considerado que sólo es necesario abordar algunas reformas y ha afirmado que las mismas se harán antes del próximo mes de noviembre, aprovechando que la reforma del Código Penal se encuentra en trámite parlamentario.

La reforma de la Ley del Menor tendrá dos ejes: una mayor protección de las familias de las víctimas, que actualmente no se pueden presentar como acusación particular en el proceso, y una respuesta más adecuada cuando los delitos cometidos sean especialmente graves.

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