El notariado propone fijar los derechos que se derivan de una convivencia ordenada, como son el derecho a heredar con preferencia a otros y con las mismas exenciones y bonificaciones que los demás.
Asimismo, reclaman para este tipo de convivencia el derecho a un tratamiento civil y fiscal adecuado de la vivienda que comparten, a visitas hospitalarias, a pensiones e indemnizaciones, a recibir protección en caso de violencia doméstica, a hacer la declaración de la renta conjunta y a la supresión o posposición de legítimas salvo que sean a favor de menores o incapaces, entre otros.
Esta regulación, en opinión de los notarios, debería, asimismo, imponer las recíprocas limitaciones para disponer de la vivienda compartida y el régimen general de incompatibilidades, dado que sus intereses son similares a los de los matrimonios.
