Según se desprende de la misma, son los padres o tutores de las víctimas los que más la valoran, calificándola con una puntuación de un 6,33, seguidos por los menores víctimas, con un 5,26; los padres o tutores de los inculpados, con un 5,17, y los menores acusados, con un 5,08. Las entrevistas en las que se basó esta encuesta fueron realizadas en las sedes judiciales a la salida de los juicios.
De la encuesta se desprende que el 70 por ciento de los expedientes de menores no llegan a juicio porque se produce el acuerdo o conformidad entre las partes, por lo que es de suponer que el grado de satisfacción de los adultos víctimas en estos casos es mayor que cuando se niegan al acuerdo y fuerzan la celebración de un juicio.
Dentro de este sondeo los adultos que han sido víctimas de delitos cometidos por menores y que no han aceptado un acuerdo son los que se han mostrado claramente críticos con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
La encuesta es la primera que se realiza sobre la percepción y la valoración que realizan los usuarios de los juzgados y de las fiscalías de Menores, y fue llevada a cabo a nivel nacional entre los meses de mayo y junio de 2003.
Por otra parte, en una segunda encuesta realizada a usuarios de juzgados de Vigilancia Penitenciaria, el 92 por ciento de los presos afirma que son muy necesarios o bastante necesarios. En este sentido, destaca que los reclusos que han disfrutado de permisos premian el trato recibido por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
