La Eurocámara aprobó la pasada semana una Resolución sobre los fundamentos jurídicos y el respeto del Derecho comunitario, en la cual, pide a la Conferencia Intergubernamental que estudie la situación actual y defina con claridad una competencia penal comunitaria, estableciendo su alcance y límites.
De esta forma, se establecería un “corpus iuris” penal material para los delitos contra el interés común europeo o contra las políticas comunes europeas.
La finalidad es definir, a escala de la Unión Europea, los principios generales del Derecho penal que regirán las obligaciones de los Estados Miembros con vista a la adopción de sanciones penales.
El informe elevado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estima que el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea obliga a los Estados Miembros a tomar medidas, también de carácter penal, para luchar eficazmente contra las infracciones cometidas en su interior contra el Derecho comunitario.