El Proyecto establece un régimen jurídico más flexible que permite incrementar la responsabilidad del Museo del Prado en su propia financiación con la finalidad de hacer frente a las nuevas necesidades del Museo derivadas del proceso de ampliación.
El objetivo es alcanzar para el año 2006 un nivel de autofinanciación superior al 50 por ciento, lo que permitirá mejorar sustancialmente los medios para desarrollar su principal misión de conservación, investigación y difusión de las colecciones.
Además, el Proyecto de Ley trata de modernizar y gestionar de una manera más eficaz, tanto la presentación de las colecciones permanentes del Museo, como el programa de exposiciones temporales.
Otro objetivo es el desarrollo de una activad política de colaboración con otras instituciones culturales y museísticas españolas.
Mediante el Proyecto de Ley el Museo del Prado adquiere un rango administrativo que, conservando su identidad histórico-cultural, refuerza su carácter público.
El Proyecto de Ley garantiza, además, el dominio público de los fondos museográficos adscritos al Museo del Prado, respetando la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
