El Proyecto contiene cuatro Decretos para adaptar el sistema universitario español al espacio europeo de enseñanza superior. Será en el curso 2004-2005 cuando empiece a implantarse la nueva estructura de estudios, que deberá estar en pleno funcionamiento en el año 2010.
En primer lugar, el texto dispone que habrá unos estudios de Grado que darán lugar a la obtención de los títulos de Licenciado, Arquitecto e Ingeniero, y que sustituirán a los actuales de primer y segundo ciclo.
El Grado tendrá una duración de 180 o 240 créditos, lo que se traducirá en carreras de cuatro años con carácter general y, excepcionalmente, de tres años. Además, ya no habrá diferencias entre universidades y la duración de los planes de estudios en cada titulación será idéntica en todos los campus.
Prevé, asimismo, un incremento sustancial del número de créditos de las materias comunes (hasta un 70%), lo que, según el Ejecutivo, favorecerá la movilidad de los alumnos y la convalidación de los estudios.
En segundo lugar, la nueva estructura universitaria regula el nivel de Postgrado e introduce en el sistema universitario español el título oficial de máster, que está vigente ya en la actualidad en la mayoría de los países europeos.
Este título oficial funcionará de manera simultánea a los másters privados que se imparten ahora en España.
Este segundo texto incluye también una nueva regulación del doctorado para que la oferta se adapte a las necesidades científicas y profesionales de la sociedad del conocimiento y simplifica los procedimientos para la admisión a trámite y defensa de tesis doctorales.
En tercer lugar, se hace referencia a la homologación de planes de estudio y títulos y a las competencias en esta materia de la Agencia de Evaluación y las Comunidades Autónomas.
Por último, el texto presentado al Consejo de Coordinación Universitaria trata el tema de la homologación de títulos extranjeros con el objetivo de acabar con las demoras en el reconocimiento de títulos, tanto de españoles que cursan estudios fuera del país, como de extranjeros que vienen a España.
La finalidad es reducir a seis meses el plazo máximo de duración del proceso de homologación, que ahora está en unos dos años.
