El Decreto 32/2002, de 5 de febrero, de reestructuración parcial del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, regula una nueva estructura de los órganos competentes en materia de organización y función pública.
Esta reestructuración supone la adscripción a la Secretaría de Administración y Función Pública de la Dirección General de Organización de la Administración, así como la creación de la Dirección General de Relaciones en el Ámbito de la Función Pública.
La Secretaría de Administración y Función Pública actualmente constituye una secretaría sectorial en el ámbito material de la organización y la función pública de la Administración de la Generalidad a la cual se adscriben, además de las dos direcciones generales mencionadas y la Escuela de Administración Pública, la Asesoría Jurídica de Función Pública y la Subdirección General de Gestión de Personal.
El Decreto 75/2003 se dicta para dotar a la Secretaría de Administración y Función Pública de un órgano activo que tenga específicamente asignadas funciones de estudio, de análisis y de seguimiento de las políticas de personal: la Subdirección General de Estudios.
Además, establece el Decreto autonómico que la Subdirección General de Estudios tiene la capacidad de realizar tareas de explotación, de estadística y análisis de los datos y principales magnitudes contenidas en los sistemas de información de personal de la Administración de la Generalidad.
Es, por lo tanto, un órgano con vocación de asistencia y apoyo técnico tanto al titular de la Secretaría, de quien depende directamente, como a los demás órganos adscritos a la misma.
