Se trata de un texto que aportará al sector una consolidación del mercado en libre competencia, una simplificación de trámites administrativos para los operadores y una mayor protección de los derechos de los usuarios y de las garantías de las empresas que actúen en el sector.
Con la nueva Ley, cualquier empresa podrá actuar como operador en el mercado, con sólo comunicarlo con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sin necesidad de obtener una autorización administrativa para ello.
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones analizará periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones, detectando los sectores en que no exista una competencia efectiva. Dicho organismo podrá imponer obligaciones específicas para favorecer la competencia a los operadores con posición de dominio, que pasarán a denominarse “operadores con poder significativo en el mercado”.
El Proyecto recoge derechos nuevos para los usuarios, como el derecho a impedir mediante un procedimiento sencillo y gratuito la identificación de llamada y el derecho a no recibir publicidad mediante llamadas automáticas, mensajes de fax o correo electrónico, salvo que el usuario manifieste su consentimiento.
Otros derechos de los usuarios se han ampliado, como el derecho a elegir el medio de pago para el abono de los servicios; el derecho del usuario a resolver anticipadamente sin penalización el contrato cuando se modifiquen las condiciones contractuales o el derecho a recibir información comparable y actualizada acerca de la calidad del servicio.
