La Decisión marco 2003/80/JAI protege el medio ambiente a través del Derecho penal debido al aumento de las infracciones contra el mismo y porque sus efectos se extienden más allá de las fronteras de los Estados en los que se cometen dichas infracciones.
La Comisión presentó en marzo de 2001 una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, basada en el apartado 1 del artículo 175 del Tratado constitutivo de las Comunidad Europea.
La Decisión marco 2003/80/JAI incorpora algunas de las disposiciones de fondo incluidas en la propuesta de dicha Directiva, en particular, las que definen lo que deben hacer los Estados miembros para tipificar estas conductas como delitos en su Derecho nacional.
La Decisión marco 2003/80/JAI es también un instrumento adecuado para imponer a los Estados miembros la obligación de prever sanciones penales.
La finalidad es evitar que tanto las personas físicas como las jurídicas puedan eludir el enjuiciamiento por el mero hecho de que el delito no se cometió en su territorio.
El Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957 puede consultarse en el Libro Décimo del Repertorio de Legislación vigente de Iustel.
