Así se desprende del borrador del informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que será estudiado a lo largo del día de hoy en la Comisión de Estudios del órgano de gobierno de los jueces antes de ser elevado al Pleno que, en sesión extraordinaria, se celebrará el próximo día 4 de febrero.
El borrador del informe afirma que la pena de prisión de larga duración puede compatibilizarse con el principio constitucional contenido en el artículo 25.2 de la Constitución Española, conforme al cual las penas privativas de libertad han de hallarse orientadas a la reeducación y reinserción social.
El Consejo General del Poder Judicial apoyará que, como regla general, los beneficios penitenciarios y la libertad condicional se refieran a la totalidad de la pena impuesta cuando la pena a cumplir sea inferior a la mitad de la suma de las condenas impuestas.
No obstante, el Consejo propone que no se haga una excepción con los delitos de terrorismo o los cometidos en el seno de organizaciones criminales puesto que, en algunos supuestos, apenas habría diferencia entre el trato dispensado a aquellos que se esfuercen por reparar el daño o que colaboren activamente con la Justicia y los que no lo hagan.