La Junta está de acuerdo con los fines que justifican la adopción de la medida -riesgo de fuga, de destrucción u ocultación de pruebas y de reincidencia-, pero cree que deben legislarse algunas alternativas a la prisión provisional, como la prohibición de salida del territorio nacional o la retirada del pasaporte.
Además, los fiscales consideran que deben acotarse los supuestos en los que se acuerde la prisión, porque del texto actual se deduce que es algo automático, cuando en realidad esa medida debe ser adoptada a petición del Ministerio Público o de las acusaciones y, en última instancia, queda a criterio del Juez competente.
Según la redacción del Anteproyecto, quienes cometan delitos penados con menos de dos años de prisión ingresarán en la cárcel sólo si tienen antecedentes penales, pero la Junta de Fiscales quiere que se aclare que esos antecedentes deben consistir en haber cometido un delito doloso.
Además, varios de los fiscales participantes en la reunión han cuestionado también la rebaja de tres a dos años en el límite para poder decretar la prisión preventiva, por considerarlo excesivo para el preso.
La Junta de Fiscales de Sala se han mostrado de acuerdo con la ampliación del plazo de incomunicación previsto en el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasa a ser de cinco días prorrogables a otros cinco para casos de terrorismo o delincuencia organizada.
Otra de las sugerencias que se trasladará al Ministerio de Justicia es la de que el texto aclare si es o no necesaria la comparecencia del preso ante el Juez para dictar prórrogas de prisión y para alargar la prisión provisional de personas que no estén condenadas en sentencia firme.
