A partir de ese momento, la Sala Especial del Tribunal Supremo, tiene un plazo de treinta días para practicar dichas pruebas y, después, resolver la demanda. El viernes, los magistrados se reunirán para fijar un calendario.
La Abogacía del Estado presentó un escrito en el que advierte al Tribunal de la “voluntad dilatoria” de Batasuna, que ha impugnado numerosos documentos, que se aportaron junto con la demanda, por tratarse de fotocopias y no de originales.
Además, el Abogado del Estado ha aportado nuevas pruebas ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. Entre estas pruebas se incluye el acta notarial levantada el pasado 16 de diciembre con las manifestaciones de catorce asociaciones de ciudadanos y víctimas del terrorismo.
Los servicios jurídicos del Estado aportan también como prueba el auto con el que el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó un delito de integración en organización terrorista a diecinueve personas que han estado en la dirección de HB, EH y Batasuna desde 1988.
