Dicha mayoría considera que las tasas judiciales no obstaculizan el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que racionalizan el servicio público de la justicia.
Las tasas irán dirigidas a personas jurídicas con cierta capacidad económica, y en ningún caso a personas físicas, por lo que nunca impedirán el acceso a la justicia de los ciudadanos.
