Estas transferencias son complicadas por tratarse de una competencia de doble dependencia, ya que ni Jueces, ni Fiscales, ni Secretarios, entre otros, son transferidos al depender del Poder Judicial.
A esta complejidad se suma la dispersión territorial de Castilla y León, que afecta a sus Juzgados.
La Junta de Castilla y León y el Gobierno central aun no han planteado plazos para cerrar la negociación, aunque el Gobierno es partidario de que no se dilate el pacto mas allá de lo necesario.
Tampoco abordaron una cifra inicial del coste efectivo del traspaso, el cual debe responder a un análisis preciso de las necesidades de personal de cada uno de los Juzgados, para lo que se analizará uno por uno todos los casos, así como el estado en el que se encuentran.
