El Juez se refiere en concreto a la supresión de los salarios de tramitación de los despidos declarados improcedentes, medida que provoca el abaratamiento de los despidos disciplinarios e incentiva un uso abusivo y en fraude de ley de los mismos.
Según la sentencia del Juez de Barcelona el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad puede propiciar despidos sin otra causa que el simple estímulo económico o la voluntad arbitraria.
Esta sentencia refuerza la teoría de que el Gobierno modificó siete de los ocho puntos más críticos de la reforma porque análisis jurídicos posteriores a su aprobación resolvieron que alguno de ellos podrían ser contrarios a la Constitución.
