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Publicamos a continuación un resumen de la editorial publicada en el diario ABC el día 4 de octubre acerca de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Congreso de los Diputados, que afecta a la parte más importante de la justicia penal dedicada a los juicios de faltas y a los procesos por delitos castigados con penas no superiores a nueve años de prisión.

08/10/2002
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Publicamos a continuación un resumen de la editorial publicada en el diario ABC el día 4 de octubre acerca de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Congreso de los Diputados, que afecta a la parte más importante de la justicia penal dedicada a los juicios de faltas y a los procesos por delitos castigados con penas no superiores a nueve años de prisión.

UN MODELO DE JUSTICIA PENAL

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma de la justicia penal, que sigue el patrón de modernización y eficacia de las nuevas Leyes de Enjuiciamiento Civil y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El diario ABC señala que el carácter parcial de la reforma no ha impedido la aprobación de un texto legislativo coherente, sólido y con capacidad para instaurar un nuevo modelo de justicia penal, que debe marcar la pauta para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se comenta en la Editorial del diario que el texto aprobado por el Congreso refuerza la intervención de la defensa en todas las fases del proceso, instaura un estricto control judicial sobre la conformidad del acusado con la condena y pone plazos concretos a determinadas actuaciones del fiscal.

La reforma aprobada no se ciñe a los juicios rápidos, aunque sean éstos su principal reclamo político e informativo. En este sentido, los editorialistas, aprueban el acierto de los Ministros Ángel Acebes y José María Michavila al mantener la reforma de los juicios rápidos en el justo equilibrio entre el garantismo irrenunciable de todo proceso penal y los requerimientos de eficacia contra la inseguridad ciudadana.

Previstos ya los juicios rápidos como especialidad del procedimiento abreviado desde 1992, su aplicación es muy irregular. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2001, en Cataluña se señalaron 2.471 juicios rápidos; en Madrid, sólo 712.

El diario ABC señala que este dato es muy relevante en la discusión sobre la carencia de medios humanos y materiales en la Justicia, porque demuestra que, si bien son precisos más medios, esa necesidad no justifica la infrautilización de los recursos ya disponibles.

El actual Ministro de Justicia, José María Michavila, anunció un incremento del 8,5 por ciento del presupuesto de su departamento para el próximo año, destinando el aumento de la partida, en su mayor parte, a la dotación de los juicios rápidos. Lo que no se puede proveer es la voluntad individual de cada juez, fiscal y abogado de sumar su esfuerzo al del legislador para que las reformas sean, en lo que de ellos dependa, un éxito.

En el plano político, la Editorial del diario señala que es evidente que esta gran reforma procesal ha sido posible gracias al clima de serenidad generado por el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia.

Por último, los editorialistas del diario ABC destacan el método de trabajo que impulsó el anterior Ministro de Justicia, Ángel Acebes, al considerar que ha contribuido al éxito de esta reforma con medidas como la creación de una comisión de expertos independientes que prepararon un texto de gran calidad técnica.

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