Veinte meses después de su entrada en vigor, el Defensor del Pueblo valora la norma, pero considera necesario “asignar los recursos humanos y financieros que sean precisos para poner en práctica en toda su intensidad los instrumentos que la Ley contempla”.
El Defensor de pueblo ha analizado el funcionamiento que ha tenido la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en su primer año de vigencia y ha observado la existencia de graves carencias materiales y de personal para cumplir con los objetivos de la nueva Ley.
Considera necesario la creación de nuevos Juzgados en las ciudades en las que el número de delitos cometidos por menores es mayor “para adaptar las cargas de trabajo que están soportando los órganos judiciales de menores de las citadas ciudades”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo recomienda también la progresiva implantación en todo el País de Juzgados exclusivos para los jóvenes hasta contar al menos con un Juzgado de Menores por provincia.
