La propuesta señala la necesidad de remover, en el marco de los trabajos de reforma del Registro Civil de 1958, los obstáculos que pudieran impedir el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en la inscripción de los asientos y certificaciones del Registro Civil.
En consecuencia, el Congreso insta al Gobierno a “aprobar los modelos impresos de los libros del Registro Civil redactados en castellano y en las lenguas oficiales propias distintas del castellano”.
La iniciativa original subrayaba la conveniencia de adoptar esta medida en el plazo de tiempo más breve posible y fijaba en seis meses el límite para reformar el Reglamento del Registro Civil, ahora han desaparecido los plazos de ejecución.
