En esta liberalización ha sido imprescindible el papel desempeñado por el Tribunal de Defensa de la Competencia, precisamente, este Tribunal, ha procedido de hecho, al margen de una reforma legislativa directa, a una ampliación de las medidas liberalizadoras en el sector de los Colegios Profesionales.
Un ejemplo evidente de esta liberalización fue la aprobación del Estatuto de la Abogacía el año pasado, que suprimió numerosas medidas contrarias a la libre competencia.
A pesar de que esta tendencia liberalizadora es reciente en España, otros países han sido precursores años antes. En este sentido, en el Reino Unido una de las autoridades de control de la competencia del país ha publicado un informe en el que insiste en que es necesario potenciar la libre competencia en el sector profesional, sobre todo en abogados, auditores y arquitectos.
Sin embargo, en la Unión Europea existen posturas enfrentadas: por un lado, la Comisión Europea considera ilícitos algunos comportamientos de los Colegios Profesionales Europeos, sobre todo la fijación obligatoria de honorarios y por otro, el Parlamento Europeo defiende la fijación obligatoria de honorarios de abogados y de otros profesionales por parte de sus respectivos Colegios para garantizar la calidad.
El principal problema que existe para liberalizar completamente este sector es la dificultad para evaluar la calidad de estos servicios profesionales que se sustentan en conocimientos, por lo que es muy complicado medir sus resultados.
