La finalidad que persigue la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la mejora de la seguridad ciudadana y garantizar que el delincuente no eluda la acción de la Justicia.
Según el Ministro de Justicia, la reforma se aborda en cumplimiento de este mandato del Congreso de los Diputados y, además, en respeto de lo determinado por el Tribunal Constitucional en relación a la prisión preventiva.
En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene establecido que la aplicación de la prisión preventiva debe depender siempre de un Juez y en las causas por las que se puede acordar el ingreso en prisión preventiva de un imputado se debe utilizar de forma restrictiva la alarma social.
El Ministerio de Justicia, según ha anunciado don Ángel Acebes, tratará de compatibilizar ambos mandatos del Tribunal Constitucional en la reforma que su departamento acaba de poner en marcha.
