Los juzgados de España disponen de recursos técnicos de informática y comunicaciones que les han sido facilitados, en la mayoría de los casos, por el Ministerio de Justicia los cuales proporcionan aplicaciones de gestión procesal.
Sin embargo, las redes de comunicación territoriales, no recogen la posibilidad de intercambiar información entre las diferentes Comunidades Autónomas y las comunicaciones resultan o demasiado lentas o no ofrecen las suficientes garantías de seguridad.
El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en una reunión celebrada en 1998, en la que asistieron representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con transferencias en Justicia, anotó que la conexión de los diferentes sistemas era una prestación que podía ofrecer el Consejo General del Poder Judicial.
En el año 2000 la Comisión de Informática del Consejo adoptó un acuerdo para aprobar la propuesta de establecimiento de una red de comunicaciones que permita las noticias entre las distintas redes corporativas de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial.
A finales del año 2001 estaban ya conectadas la mayor parte de las redes territoriales y actualmente el llamado “punto neutro judicial” está plenamente implantado y es operativo para realizar algunas de las funciones para las que ha sido creado.
Se trata de lograr la tramitación a través de esta red interna de peticiones de auxilio judicial entre todos los territorios y utilizar este sistema en los exhortos que se dirigen entre ellos.
El “punto neutro” pretende facilitar las conexiones entre redes territoriales de la Administración de Justicia y ser un eje a través del cual los órganos judiciales puedan acceder a la documentación judicial del CENDOJ y de las bibliotecas judiciales.
También se ha creado con la finalidad de facilitar a los juzgados el acceso a organismos públicos con los que suelen intercambiar información. Entre estos organismos están la Dirección General de Policía, la Dirección General de Tráfico, el Registro de Bienes Muebles, el Registro de Penados y Rebeldes, Instituciones penitenciarias y la Agencia Tributaria.
Es el Consejo General del Poder Judicial quien tiene competencia para velar sobre la implantación de las aplicaciones informáticas en la Administración de Justicia y será el que deba supervisar los proyectos de la red, así lo recoge el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En lo que se refiere a la seguridad informática, el Consejo está trabajando para garantizarla mediante la realización de una auditoría en todos los tribunales para determinar si los sistemas que se utilizan reúnen las garantías exigidas.