BRUSELAS 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La reforma, que necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser ley, amplia el catálogo de delitos de corrupción perseguidos en toda la UE e incluirá el cohecho en los sectores público y privado, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, la obstrucción a la justicia, el enriquecimiento por corrupción, el encubrimiento y ciertas violaciones graves del ejercicio ilegal de la función pública.
Además, supone que los Estados miembros deberán fijar los mismos castigos para los infractores, con penas máximas de al menos tres y cinco años en función del delito por el que sean condenados y la posibilidad de imponer multas adicionales u otras medidas como la inhabilitación de cargos públicos o la exclusión del acceso a licitaciones o de los procedimientos para optar a ayudas públicas.
Las empresas se enfrentarán también a sanciones armonizadas, ya que la ley prevé multas según la sanción con un importe máximo de entre el 3% y el 5% de la facturación mundial total de la empresa o de entre 24 y 40 millones de euros.
También quedará definido en qué casos un Estado miembro tiene jurisdicción sobre un delito y está obligado a iniciar procedimientos, por ejemplo cuando el delito se comete en su territorio o cuando el infractor sea un nacional.
La nueva norma prevé además varios supuestos en los que la jurisdicción puede ser ampliada del territorio del Estado miembro, incluido si el infractor reside habitualmente en ese país, del delito se comete contra uno de sus nacionales o residentes habituales.
"Esta norma actualizará y reforzará el marco jurídico de la UE en materia de corrupción y constituye un paso importante en nuestra lucha común contra la corrupción y el crimen organizado", ha celebrado el ministro de Justicia de Dinamarca y presidencia de turno del Consejo de la UE, Peter Humelgaard.
La nueva directiva, que fusiona y actualiza dos leyes europeas ya existentes, obligará además a los Estados miembros a tomar medidas adicionales para luchar contra la corrupción y limitar su impacto, por ejemplo con la creación de organismos de prevención y represión de la corrupción que cuenten con personal cualificado específico y una dotación suficiente para realizar su labor.
Los gobiernos deberán realizar evaluaciones periódicas para identificar los sectores u ocupaciones con mayor riesgo de corrupción y desarrollar medidas para abordar los principales riesgos en los sectores u ocupaciones identificados, así como tomar las medidas necesarias para garantizar que toda persona que denuncie delitos, aporte pruebas o coopere de otro modo con las autoridades competentes tenga acceso a medidas de protección, apoyo y asistencia en el contexto de un proceso penal.
