MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el funcionamiento de las pulseras para maltratadores, a petición del PP.
Durante su intervención, ha destacado que la institución siempre "ha puesto en el centro la situación y las necesidades de las víctimas". Además, ha querido afrontar los problemas de estos servicios desde una perspectiva global, en la que se investigan no solo el sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras, sino todos los sistemas de asistencia telemática a las víctimas de violencia de género que se han creado por parte del Estado para dar protección.
En este sentido, ha expuesto que el Defensor del Pueblo ha recibido un total de 16 quejas específicas en los últimos 10 años sobre un total de unas 1.500 en materia de violencia de género. Aunque ha apuntado que no son "muchas", ha añadido que son casos "muy relevantes" que han tenido impacto en las mejoras en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género.
Igualmente, ha destacado que las actuaciones de la institución han conseguido mejoras en la tecnología de los dispositivos; en la coordinación de los servicios de protección; en los protocolos para incluir a víctimas de violencia sexual; en los sistemas de comunicación entre juzgados y víctimas, etc.
En concreto, sobre los dispositivos para maltratadores, Gabilondo ha apuntado que la institución tiene conocimiento de los problemas técnicos generados por los dispositivos de control temático desde el año 2013. También ha agregado que las quejas por el "mal funcionamiento" de los aparatos se han repetido a lo largo de los años "afectando tanto a las víctimas como a los agresores".
"Se puede concluir que para el defensor del pueblo no se ha producido un cuestionamiento general del sistema de protección a las víctimas sino propuestas de mejora concretas para los incidentes, muy importantes sin duda, que se han ido detectando en el sistema de protección telemática a lo largo del tiempo", ha recalcado.
Entre 2015 y 2019, el periodo de puesta en marcha en funcionamiento y expansión del uso de dispositivos para maltratadores, Gabilondo ha señalado que las quejas recibidas coinciden con las primeras denuncias públicas de los empleados del Centro Cometa por los fallos técnicos.
Mientras, entre 2020-2023, que coincide con la supervisión general del servicio que inicia el Ministerio de Igualdad en 2019 y concluye con el cambio de la empresa adjudicataria, ha dicho que se denuncia "sobre todo la falta de cobertura de los aparatos en el mundo rural".
Desde 2023 hasta la actualidad, Gabilondo ha explicado que se produce el grupo de quejas "más abundante". "Estas quejas, además de los problemas técnicos habituales, plantean otros, como la falta de coordinación entre servicios de protección o la coexistencia de distintos sistemas de protección telemáticos que no se comunican entre sí o no cubren las necesidades de víctimas de violencia sexual o de las víctimas con discapacidad", ha asegurado.
"NINGUNA" QUEJA DE SOBRESEIMIENTOS
También ha destacado que la institución no ha recibido "ninguna" queja relacionada con el sobreseimiento de los procesos judiciales por quebrantamiento de condenas causadas por el mal funcionamiento del sistema hasta octubre de este año.
Por otro lado, Gabilondo se ha referido al conjunto del sistema de protección de las víctimas de violencia machista, al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (ATENPRO), a VioGén y a las pulseras, que ha dicho que "no se coordinan entre sí".
En esta misma línea, ha señalado que estos sistemas tienen "dificultades para comunicarse fluidamente con los jueces encargados de los casos y que incluso se producen problemas de coordinación internos para atender a las llamadas de emergencia por los criterios territoriales de distribución de competencias entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Locales que impiden que la víctima sea atendida rápidamente".
Actuando dentro de sus competencias, el Defensor del Pueblo ha subrayado que los dispositivos de protección deben funcionar adecuadamente, contar con cobertura suficiente, ser manejables y cómodos para las víctimas, accesibles para mujeres con discapacidad y disponer de la capacidad necesaria para atender a víctimas de violencia de género y sexual.
Entre sus recomendaciones, también ha detallado que los contratos de externalización deben incluir las mejores técnicas y estándares de calidad disponibles, así como prever mecanismos de seguimiento y control sobre el cumplimiento de los compromisos con las empresas privadas.
CINCO ACTUACIONES ABIERTAS
No obstante, el Defensor del Pueblo ha subrayado que "el balance es positivo, aunque siga habiendo mucho margen de mejora". Además, ha avanzado que en la actualidad tiene cinco actuaciones abiertas para la mejora de la protección de las víctimas de violencia machista.
En su réplica, Gabilondo ha dicho que comprende "perfectamente" que las víctimas de violencia machista estén "en una situación de incomodidad, de preocupación, de percepción de inseguridad" y ha reclamado "serenidad" y "tranquilidad" a los grupos parlamentarios.
En el turno de portavoces, la socialista Blanca Cercas ha afirmado que los "problemas" del sistema fueron "puntuales", como la migración de datos de una empresa privada a otra, y que no comprometieron la protección de las mujeres. "La tecnología puede fallar, pero lo importante es que no lo hizo el sistema de protección y que se activaron de inmediato los protocolos de contingencia", ha añadido.
Mientras, María Eugenia Carballedo, del PP, ha dicho que los fallos han puesto en "gravísimo" riesgo a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos. Así, ha pedido a Gabilondo que actúe de oficio y ayude "a entender qué está pasando para que las mujeres maltratadas consigan esa protección que necesitan ellas y sus hijos".
Por Vox, Pedro Fernández ha pedido conocer el número de resoluciones de archivo y sobreseimiento y de sentencias absolutorias que se han producido como consecuencia de los fallos del sistema. Así, ha preguntado a Gabilondo si va a instar al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Justicia para que dé esa información "como un acto de transparencia y de rendición de cuentas".
Desde Sumar, Viviane Ogou ha pedido que se investigue cada error, "con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional" y la posibilidad de revisar el modelo de externalización.
Por PNV, el senador Igotz López ha llamado a "huir" de los bulos y del "ruido político" y tratar de generar confianza en el sistema de protección a víctimas de violencia de género "para que las mujeres no tengan miedo a denunciar".
Finalmente, Joan Josep Queralt, de ERC, ha denunciado la "escasa cultura" de protección integral de las víctimas de violencia machista y ha reclamado un control público, la supervisión constante, una auditoría técnica independiente y una capacidad de intervención "inmediata".
