Las escuchas se habrían producido cuando el fundador de Wikileaks estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional (AN) ha desestimado el recurso de apelación que interpuso el exmilitar y presidente de UC Global, David Morales, acusado de espiar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al apreciar posibles delitos de cohecho activo y de tenencia ilícita de armas, confirmando así la decisión del juez instructor de enviarle a juicio.
Así lo expresa el tribunal en un auto recogido con Europa Press, en el que avala la apertura de juicio oral a Morales, Michel Wallemacq, responsable de operaciones de UC Global coma y la propia empresa, que se encargaba de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres mientras Assange se encontraba allí refugiado.
En su recurso, los acusados alegaron "contradicciones" de los testigos protegidos y falta de "indicios de delito", algo que la AN rechaza de plano al considerar que hay suficientes de que se habrían cometido delitos de cohecho y tenencia de armas.
Sobre el primero, el auto recoge "el relato fáctico", que "con el fin de asegurar la permanencia del contrato" de servicios de seguridad diplomática en la Embajada Ecuador y "obtener información reservada procedente de la legación diplomática", Morales "efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a diversos funcionarios ecuatorianos".
Acerca de la posesión de armas, el tribunal detalla que las autoridades hallaron "armas de fuego manipuladas, con la numeración borrada y munición apta para el disparo sin la correspondiente licencia" en el registro de su domicilio.
MORALES, "MÁXIMA AUTORIDAD" DE LA EMPRESA
En el auto donde proponía juzgar a Morales, Wallemacq y su empresa, el juez Santiago Pedraz señaló que la empresa, con el exmilitar como gerente y "máxima autoridad", fue contratada por Ecuador como consecuencia de la "sensible situación" que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán a través de su portal web.
El juez acordó llevar a juicio a Morales por presuntamente espiar al activista durante su asilo en la sede diplomática, unos hechos por los que la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión.
En el auto de apertura de juicio oral, al que tuvo acceso Europa Press, Pedraz apuntó a presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales. Para Wallemacq, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión.
Según Pedraz, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones "confidenciales" que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).
