ÁVILA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La reunión se ha centrado en los efectos que esta nueva legislación ha traído consigo desde la entrada en vigor el pasado 1 de julio de los Tribunales de Instancia y las Oficinas Municipales de Justicia, especialmente en los 32 partidos judiciales de la comunidad situados fuera de las capitales de provincia.
Durante el encuentro, se ha señalado que la creación de estas oficinas, gestionadas por ayuntamientos y con menor grado de especialización, ha generado "preocupación" en la abogacía, ya que ha acentuado las diferencias entre el ciudadano urbano y el rural.
En este sentido, se ha advertido de que el nuevo modelo organizativo ha "complicado" el acceso a la conciliación previa en materias civil, familiar y mercantil, una exigencia legal desde abril que se ha vuelto "especialmente difícil" de cumplir en localidades pequeñas, donde la falta de recursos materiales y humanos ha persistido como una barrera estructural.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha traído también la obligatoriedad, desde abril, de acudir a los llamados MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) métodos alternativos al juicio como la mediación, la conciliación o el arbitraje, antes de iniciar un procedimiento civil, familiar o mercantil.
Por su parte, la presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL, Mónica Pérez Villegas, ha señalado que ahí existe una vía de una oportunidad para las oficinas de municipales de Justicia, pero hace falta que el Ministerio lo dote presupuestariamente, que coordine y que haga un extenso trabajo de formación para proveer a esas oficinas de todas las funciones que prevé la ley.
NOVEDADES LEGISLATIVAS
La aplicación de las novedades legislativas se une a la problemática habitual de las sedes judiciales rurales, como la carencia de medios materiales, la elevada interinidad o la falta de presencialidad de algunos operadores esenciales como el Ministerio Fiscal, forenses o equipos psicosociales, que siguen requiriendo en muchos casos un traslado a la capital de provincia.
A ello se añade un envejecimiento de la población que también se traslada a los profesionales de la abogacía que ejercen en zonas rurales y que observan una falta de relevo generacional.
Como cierre a la jornada, el CACYL ha rendido homenaje a Julio Sanz Orejudo, quien ha presidido la institución desde 2017 hasta 2025.
En reconocimiento a su trayectoria y su impulso a la cohesión entre los nueve colegios de la comunidad, se le ha concedido la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía de Castilla y León.
La distinción, otorgada por aclamación, ha sido entregada en un acto que ha reunido a numerosas autoridades y representantes del ámbito judicial y profesional.
