SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Dicha suspensión fue acordada en marzo del año pasado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, impidiendo así que este empleado público volviera a su puesto de trabajo en la Consejería del ramo. Fue apartado del mismo por el Gobierno regional cuando se destaparon los hechos, en febrero de 2023, y por los que estuvo encarcelado algo más de seis meses.
El implicado, M.A.D., apeló al TSJC y la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado su recurso y le ha dado la razón, al entender que la medida "solo procedía por seis meses".
Lo concluye así la Sala en un sentencia dictada el pasado 2 de julio y difundida este miércoles por el Ejecutivo autonómico, que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, al considerar que existen "razones fundadas" para mantener la suspensión provisional del funcionario procesado y hasta que sea juzgado.
