SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Además, 2.105 menores participaron en procesos de mediación penal, con un porcentaje de éxito del 90%. Del total de menores atendidos el año pasado en los recursos puestos a disposición de la Junta de Andalucía, 4.681 cumplieron medidas en medio abierto (libertad vigilada, tratamiento ambulatorio, tareas socioeducativas, entre otras medidas que no suponen privación de libertad); mientras que otros 1.114 cumplieron medidas privativas de libertad en centros de internamiento, según ha informado la Junta en una nota.
Por provincias, Málaga es la que registra el mayor número de medidas judiciales impuestas, tanto privativas como no privativas de libertad, de ahí que la Junta haya puesto en marcha un centro de internamiento de menores infractores (CIMI) en esta provincia ya que carecía de él, con lo que ya son 14 los que dispone por toda Andalucía.
Por otro lado, el balance anual destaca Almería como la que mayor número de expedientes de mediación penal gestiona, una circunstancia que también se da en los adultos, lo que la sitúa como un referente en esta vía alternativa de resolución de conflictos.
Precisamente, sobre la mediación, el informe destaca la apuesta decidida por esta fórmula, que supone un modelo educativo y restaurativo. De hecho, la mediación penal se resolvió con acuerdo en el 90% de los casos. Las fórmulas de resolución más frecuentes fueron la conciliación en un 36% de los casos; la reparación del daño (32%); y las actividades socioeducativas 32%.
En cuanto al perfil de los menores infractores, la mayoría son varones, aunque el porcentaje de chicas aumenta en las medidas menos restrictivas y en las edades más tempranas, representando el 33,16% en mediaciones penales, el 18,54 % en medidas de medio abierto y el 12,57% en internamiento.
Entre las medidas privativas de libertad, el 60,42% correspondió a internamientos en régimen semiabierto, el 24,39% a internamientos terapéuticos y el 7,59% a régimen cerrado. Los delitos más comunes asociados a estas medidas fueron los de lesiones, torturas e integridad moral y contra el patrimonio (robos).
En el medio abierto, la medida más impuesta fue la libertad vigilada (49,21%), seguida del tratamiento ambulatorio (17,19%, por salud mental o drogodependencias) y las tareas socioeducativas (14,88%).
En estos casos, los delitos predominantes fueron también los de lesiones --especialmente vinculadas a violencia filioparental-- y los delitos contra el patrimonio. El informe confirma la tendencia a la baja en el número de menores infractores de los últimos años y que se hizo más notable con la pandemia.
No obstante, tras la vuelta a la normalidad, apenas han aumentado las medidas impuestas por los juzgados, manteniéndose el número en cifras muy similares.
