DESCONSTITUCIONALIZAR
La palabra no está en el diccionario de la Academia, pero no hace falta incorporarla y definirla porque tiene un sentido recto; es decir, se entiende que el prefijo “des” le atribuye un significado contrario al de constitucionalizar, verbo que significa dar carácter constitucional a una norma o a un derecho, según explica el mismo diccionario.
Desconstitucionalizar es una palabra terrible que está de moda en todo el mundo, y se repite mucho en el universo político latinoamericano. La puso en circulación el constitucionalista argentino Néstor Pedro Sagues (Teoría de la Constitución, Buenos Aires, 2001) y la acaba de retomar uno de los más respetados constitucionalistas mexicanos, Diego Valadés, insigne profesor de la UNAM, para explicar la reforma constitucional que se acordó en México en septiembre de 2024 y que se está empezando a ejecutar este año. Cambiará por completo los procedimientos de designación de jueces prescindiendo del mérito, la experiencia o el conocimiento, para basarse, exclusivamente, en la elección popular. Es un cambio insólito que va a implantar un sistema único en el mundo. En algunos países, como Estados Unidos, existe la figura del juez electivo, que se refiere, en algunos Estados, a los jueces de instancia, pero la fórmula dista de aplicarse a toda la judicatura. En la Francia revolucionaria de 1789 se intentó utilizar el sistema electivo pero duró pocas semanas el experimento.
El nuevo modelo mexicano, resume Valadés, hace desaparecer “los elementos característicos de una carrera judicial, como preparación, méritos en el servicio y concursos de oposición, y se adoptan los propios de una carrera política: simpatías, compromisos, apoyos individuales y colectivos, militancia de partido, activismo electoral, relaciones personales, de grupo y de interés”. Este análisis y otros cinco más de constitucionalistas mexicanos de máximo nivel pueden leerse en el último número de El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, que acaba de publicarse. Entre ellos uno del académico, y también catedrático de la UNAM, Fernando Serrano Mingallón, que avisa de la fácil captura de esos jueces electivos por la delincuencia organizada, la conversión de la impartición de justicia en una farsa, la incorporación a la judicatura de los más afines al partido político dominante de turno, la falta de capacitación de los jueces Todo lo cual le hace temer que “nuestro país pasará a la historia y lo reconocerán a nivel internacional, no por el mérito democrático de la elección, sino por la forma en que se deconstruyeron más de 100 años de desarrollo institucional en favor de los derechos de la sociedad mexicana”. Coincide con él The Economist (mayo 17-23, p.11): la señora Sheinbaum, dice, “podrá ser recordada como la líder que descuartizó el Estado de Derecho en México”.
Desconstitucionalizar es, en estos dramáticos ejemplos, dejar sin efecto un conjunto de preceptos constitucionales; en este caso, todos los principios y normas de la Constitución que proclaman la separación de poderes, la independencia e inamovilidad de los jueces como valores esenciales del sistema político, sin los cuales no es posible hablar de la existencia de una Constitución (está dicho, casi con estas mismas palabras, en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789).
Las razones de este cambio de dirección de la democracia mexicana hacia el abismo están bien explicadas por los analistas: los gobernantes populistas no han podido soportar que sus decisiones puedan ser revisadas y anuladas por jueces independientes cuya legitimación procede de la aplicación de la Constitución y las leyes y no de su elección por el pueblo. Y han pensado que la mejor manera de evitarlo es someter también a los jueces a las reglas de la política y sacarlos del Estado de Derecho.
Una manera de desconstitucionalizar es introducir en las constituciones preceptos que hacen imposible que el Estado de Derecho funcione. También se denomina postconstitucionalismo esta acción y efecto de destruir. En Hispanoamérica hay constituciones (la cubana, la nicaragüense y, a buen seguro, la reforma que prepara Maduro para la de Venezuela) que han rebasado los límites de la democracia, pero ya se ha extendido en otros países el fenómeno de la denominada “democracia participativa”, que añade a los modelos representativos instituciones incompatibles que tienden a destruirlos.
Al mismo tiempo, y en clara contradicción con las reformas que, supuestamente, tratan de incrementar la participación del pueblo en las decisiones políticas, crece de un modo preocupante la idea de que la eficacia de los gobiernos exige disminuir o eliminar los controles que la democracia opone al poder ejecutivo. El incremento del poder del Ejecutivo, en perjuicio de las reglas de la democracia, está haciendo destrozos por todas partes. Como no tengo espacio para señalarlos a todos, mire el lector para creerlo hacia Estados Unidos y verá el mayúsculo ejercicio de autoritarismo del señor Trump, que ha volado por los aires el famoso, y por lo que se ve muy debilitado, sistema de checks and balances. Bastantes dirigentes europeos apuntan también maneras y disposición para asumir estas mismas conductas.
Creo que el caso de Hispanoamérica es especialmente delicado porque en varios países se está desarrollando un fenómeno que merece ser atendido y discutido. Crece y se va consolidando el fenómeno del “nuevo constitucionalismo” y la “nueva democracia”, que trata de sustituir algunas reglas de la democracia representativa por otras, urdidas en las mentes de algunos líderes políticos populistas, que, por el momento, solo están sirviendo para encubrir nuevos autoritarismos, hacer imposible el funcionamiento de las instituciones y ayudar a los autócratas a perpetuarse en el poder. Dicen sus analistas que es un “constitucionalismo experimental”, sin que les tiemble el pulso al escribir ese disparate.
Acabo de publicar un extenso volumen para explicar mi idea de que Hispanoamérica no es víctima de ninguna maldición histórica, ni de una mala herencia cultural española; tampoco su dirigencia política está formada por mestizos incapaces como se ha sostenido desde posiciones supremacistas y racistas. Es razonable el orgullo de las naciones del mundo que gozan de democracias estabilizadas y de calidad, pero los fracasos, la sangre derramada y las épocas oscuras, tienen dimensiones descomunales también en Europa. No es posible olvidarse de la historia al abordar esta clase de problemas actuales. Es necesario, para hacerlo con seriedad, indagar sobre las dimensiones del fracaso democrático, su frecuencia y sus fundamentos.
Así lo creo y he escrito repasando la historia constitucional entera (1810-2025) de Hispanoamérica e invitando a un debate sobre la cuestión. Es necesario, por la salud constitucional de toda Hispanoamérica y también de las naciones europeas, que se acepte, por todas las personas capacitadas para intervenir, el reto intelectual de analizar y debatir sobre la desconstitucionalización, el neoconstitucionalismo y el postconstitucionalismo, que pueden llevarnos a nuevos desastres en la gobernación de los Estados. Curiosamente en casi todas partes estas novedades se han establecido de forma subrepticia y sin discusiones. En virtud de la voluntad del imperante y su camarilla.
Será inevitable que aparezcan voces de indocumentados, sin ninguna autoridad en la que basarse, dispuestos a proclamar frivolidades. Se resistirán a la crítica los mentores intelectuales de las desviaciones democráticas que critico e intentarán encubrir las nuevas dictaduras, pero hay que luchar contra el cansancio y la indolencia y defender los principios esenciales de la democracia representativa, y situar los escritos pervertidos en un muladar que permita clasificarlos y no olvidarlos.
Me consta que, como se verá en las próximas semanas, Hispanoamérica se está preparando para retomar este debate. Sería estúpido que creyéramos que los mencionados son problemas que solo conciernen a los ciudadanos del otro lado del Atlántico. Sería este motivo suficiente para entrar en el debate, pero puede temerse también su fuerza para convertirse en una pandemia política que nos alcance de lleno.
