MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación de cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma por el que se creó el Tribunal Penal Internacional.
España ratificó dicho estatuto el 24 de octubre de 2000 y este entró en vigor el 1 de julio de 2002. Posteriormente, la Asamblea de Estados parte adoptó dos resoluciones, en 2017 y 2019, que incluyen cuatro enmiendas respecto a los crímenes de guerra que se enumeran en el artículo 8.2.
Dichas enmiendas, según ha explicado el Gobierno, hacen referencia al empleo en contextos bélicos, tanto internacionales como internos, de ciertas armas biológicas, de fragmentos no localizables y de armas láser cegadoras, así como sobre el uso intencionado del hambre sobre la población civil como método de guerra, en conflictos de índole no internacional.
Desde Moncloa, reivindican que esta ratificación es "coherente con el compromiso" de España con los Derechos Humanos y el TPI, "piedra angular del sistema de justicia penal universal que abandera la lucha contra la impunidad frente a los más graves crímenes cometidos contra la humanidad".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha subrayado que constituye "una muestra más" del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con "la lucha contra la impunidad y contra los crímenes de guerra y contra la humanidad más graves".
