SOBRE LA CORRUPCIÓN DE SIEMPRE
Cuando hace apenas unos días me propuse escribir -de nuevo- sobre corrupción, no pensaba que el vertiginoso ritmo de los acontecimientos internacionales -en particular, en relación con la guerra de Ucrania y el alineamiento de EEUU y Rusia contra el orden liberal occidental- iba a sepultar tan rápidamente las malas noticias en torno a la situación de la corrupción en España. Hace pocos días, nuestro país ha vuelto a verse retratado en el índice de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción en el mundo.
La corrupción es sistémica y estructural en España. No voy a dedicar mucho tiempo a justificar esta afirmación, dado que el problema ha sido muy estudiado a lo largo del tiempo, empezando por el muy recomendable libro de Javier Pradera bajo el expresivo título Corrupción y política. Los costes de la democracia (Galaxia Gutenberg, 2014). En este volumen están todas las claves: clientelismo, politización, financiación de partidos, falta de profesionalidad, falta de rendición de cuentas En fin, el compendio de la corrupción patria. Escrito en 1994, su autor no se atrevió a publicarlo entonces, por lo que salió a la luz 20 años más tarde, cuando los males que él había detectado con rapidez estaban ya muy extendidos y enquistados.
Podemos mencionar otros títulos mucho más recientes, como el del magistrado Joaquim Bosch con el no menos expresivo título La patria en la cartera (Ariel Editorial, 2022). Todos los trabajos que han explorado este asunto abordan el mismo fenómeno desde una perspectiva histórica, pues indudablemente la corrupción política en España viene de muy lejos. Y sigue con nosotros, con las mismas características de siempre.
Podemos poner varios ejemplos ilustrativos, algunos ya francamente de tinte mafioso. Entre ellos, la reciente noticia del asesinato de un tiro en la cabeza de Arturo Torró, ex alcalde de Gandía (Alicante), quien estaba pendiente de cumplir una condena de tres años y medio por malversación (y no es el primero: hace 15 años también fue asesinado el alcalde de Polop (Alicante), también del Partido Popular). Pero podemos seguir con las andanzas del comisionista Aldama, del guardaespaldas Koldo García, el ex ministro Ábalos y sus amigas con cargo a los presupuestos del Estado, etc. Las señoritas de pago (por el contribuyente, directa o indirectamente) son un clásico de nuestras tramas de corrupción patria, por cierto, que suelen tener un punto berlanguiano.
También podemos mencionar los concursos y oposiciones amañados, que son el pan nuestro de cada día en administraciones (especialmente locales) y áreas del sector público en los que los controles son menores. Puede mencionarse el reciente caso de RTVE, con sindicalistas imputados por filtración de exámenes. Qué mayor chollo que un puesto en el sector público de por vida, con sueldos nada despreciables en los tiempos que corren.
No debemos olvidar que cuando hablamos de corrupción política hablamos de nuestro dinero: un dinero que, en el mejor de los casos, se malgasta en proyectos inútiles (esas grandes plataformas de ventas a lo Amazon que tantos aprovechados venden a nuestras incautas administraciones públicas y en el que se dilapidan millones de euros) y, en el peor, acaban en las cuentas (en dinero o en especie) de determinados personajes sin escrúpulos.
Poco puede sorprender, por tanto, que el reciente informe de Transparencia Internacional de 2024 constate que España retrocede en los índices de percepción de la corrupción elaborados anualmente por esta prestigiosa organización internacional. España ha caído nada menos que cuatro puntos en la evaluación. Ahora se encuentra en el puesto 46 de los 180 países que constituyen el objeto de la investigación. Estos índices constatan que, pese al gran esfuerzo de tiempo y de dinero empleados, supuestamente, en combatir la corrupción, no solo no avanzamos sino que retrocedemos. Cada uno tendrá su responsable favorito, pero lo cierto es que nadie está libre de culpa, ni las comunidades autónomas ni el Gobierno central.
Si ponemos el acento en los denunciantes de corrupción, la agencia antifraude de Baleares se suprimió por acuerdo del Parlamento balear, con la mayoría del PP y Vox. Estaba señalada, cómo no, de ser un “chiringuito” (de los adversarios). La Agencia Valenciana Antifraude (AVEF), antaño reconocida internacionalmente por sus buenas prácticas, está siendo desmantelada a buen paso por su nuevo director, elegido con la finalidad de liquidar la herencia de su antecesor, amparado por la mayoría del PP y Vox (el nuevo director, no el antecesor, ¿no?).
La forma de destrucción es también muy conocida: acusaciones -en sede parlamentaria- para destruir el prestigio de uno de los pocos organismos independientes de este país y de las muchas organizaciones sin ánimo de lucro y académicos de primer nivel que la apoyaban y formaban parte de sus órganos de asesoramiento; cese de funcionarios incómodos; promoción de los dóciles; supresión de órganos externos de contrapeso no controlables Y una única finalidad: acabar con los dictámenes periciales que auxilian a los jueces y fiscales anticorrupción para investigar y perseguir a los corruptos. Ahora se dedican a las flores y a la música, es decir, a la formación y a la prevención. Con la connivencia de los sindicatos, por cierto.
Como suele ocurrir, a escala estatal el panorama es igual de desalentador. Pasados dos años de la entrada en vigor -tardía- de la ley 2/2023 que traspone la directiva europea para la protección de los informantes de corrupción (infracciones administrativas o delitos), todavía estamos esperando a que se constituya el órgano de garantía que debe velar por que esa ley sea efectiva. Recordemos que una ley vale tanto como sus garantías: si las garantías no existen, es sólo un papel. Y la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante es, por ahora, de papel. Los empleados públicos que denuncian corrupción están tan expuestos como siempre a las mismas represalias y al mismo hostigamiento que, de nuevo, ponen de manifiesto lo profunda que es la corrupción en nuestro país. Como botón de muestra, podemos mencionar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ampara -aunque diez años más tarde- al honesto policía local que denunció irregularidades en Torrevieja (Alicante) y que sufrió el habitual calvario reservado en este país para los funcionarios decentes. Policía que, por cierto, estaba protegido por la AVAF.
Tampoco parece que haya mucha prisa por implantar una estrategia contra la corrupción, aunque está prevista en la misma ley -el plazo ya ha transcurrido-. Esta norma establecía la colaboración entre el Gobierno y las autonomías, además de evaluaciones de cumplimiento periódicas. Mientras tanto, la corrupción de unos y de otros, siempre tan parecida a sí misma, sigue con nosotros. La corrupción erosiona de forma tan lenta como y eficaz nuestro Estado democrático de derecho.
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