SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
Así se detalla en la información, consultada por Europa Press, que al respecto de este anteproyecto de ley ha difundido la Junta en su página web al hilo de esta consulta pública previa a la elaboración de dicha normativa, que está vigente desde el pasado jueves, 2 de enero, y se extenderá hasta el próximo día 23 de este mismo mes.
Durante este periodo de consulta pública previa, "la ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados" en la nueva norma a través del buzón de correo electrónico '[email protected]', en mensajes en los que deben incluir "su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente".
Según explica el Gobierno andaluz en esta consulta, la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fue el primer texto legislativo regulador de esta materia, aprobada una vez que la comunidad autónoma accedió a su autonomía, "permitió asumir el pleno ejercicio de sus competencias en esta materia", y se desarrolló con un reglamento aprobado en 1987.
Desde entonces "se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía tanto a nivel estatal" como en el ámbito local, según continúa explicando la Junta para justificar a continuación que "los cambios en la estructura institucional y organizativa que se han producido" en dicha administración, "así como las novedades normativas introducidas desde la fecha de publicación de la Ley y el Reglamento del Patrimonio", y "las numerosas normas tanto estatales como autonómicas que afectan, directa o indirectamente, al patrimonio", han generado "una realidad jurídica a la que es necesario dar cobertura con una nueva normativa patrimonial integradora".
Así, desde la Junta consideran que la nueva ley que quiere impulsar la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos "representa un esfuerzo de modernización, para adaptarse a los referentes normativos y jurisprudenciales actuales y tender a una mayor eficacia y mejor gestión, uso y rentabilidad de los bienes que integran el patrimonio de la Administración autonómica, garantizando su protección".
Como "objetivos de la norma" que se quiere aprobar, desde la Junta señalan los de "actualizar el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, atendiendo a sus necesidades, su actual organización y a las necesidades del tráfico jurídico; garantizar la protección del patrimonio autonómico y su papel como instrumento al servicio público", y "homogeneizar, coordinar y optimizar la utilización del patrimonio autonómico, de sus bienes y derechos, de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía y de su parque móvil".
También, "regular los procedimientos patrimoniales bajo máximas de eficacia, eficiencia y simplificación administrativa, incorporando las más modernas figuras vinculadas a la gestión patrimonial y las nuevas tecnologías", y "reforzar la aplicación de los principios de colaboración, transparencia y sostenibilidad en la gestión del patrimonio autonómico".
