VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)
Según ha informado a Europa Press la misma organización, tras dos decisiones, primero del Tribunal Constitucional (2022) y recientemente, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Julio de 2024), esta última como consecuencia de este proceso, el TSJCyL sentencia y anula dicho "plan de caza".
"La Sentencia del TSJCyL implica el fin de un período ambiental trágico, por empecinamiento de la Junta de Castilla y León que desde el año 2008, atendiendo a intereses particulares, autorizó matar 1.847 lobos como única herramienta de gestión", han señalado desde Ascel, desde donde se ha considerado que "es difícil encontrar un gobierno con trayectoria ambiental tan negativa, y un triste e inaceptable despilfarro de dinero público empleado contra la biodiversidad".
De este modo, tras esta sentencia, el colectivo ha solicitado a la Junta que asuma su responsabilidad y reconozcan su "deuda" con los ciudadanos por "mentir sistemáticamente" sobre el estado de conservación del lobo, al tiempo que exige la dimisión, en concreto, del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
