MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo fija doctrina en el caso de un recurso sobre esta 'app', desarrollada por el Ministerio de Transición Ecológica para que las empresas comercializadoras de energía eléctrica puedan comprobar si los solicitantes del bono social cumplen los requisitos legales para tener la consideración de consumidor vulnerable.
Además, establece que "el derecho de acceso a la informática pública trasciende a su condición de principio objetivo rector de la actuación de las administraciones públicas, para constituir un derecho constitucional ejercitable, como derecho subjetivo, frente a las administraciones públicas, derivado de exigencias de democracia y transparencia, e inseparablemente unido al Estado democrático y de Derecho".
