UN REMEDIO PALIATIVO PARA UNA DÉBIL CULTURA POLÍTICA
La regulación de los debates electorales en las televisiones para establecer su obligatoriedad es una de esas cuestiones cuya necesidad se plantea en nuestro país de forma intermitente cada cierto tiempo. La última propuesta en este sentido ha venido de la mano del Plan de Acción Democrática presentado por el presidente del Gobierno el pasado mes de julio, en donde se manifiesta la voluntad de acometer una reforma de la Ley Electoral General (LOREG) en esa dirección.
Resulta pertinente recordar que, aunque la comunicación política ha experimentado una radical transformación en la era de las redes sociales, afirmándose estas como cauces preferentes de relación de los actores políticos con la ciudadanía, los debates televisivos en los prolegómenos de las citas electorales siguen manteniendo una indudable relevancia. El interés que suscitan entre el electorado se constata atendiendo a los elevados índices de audiencia que, por lo general, acompañan a su celebración. Y es que tales encuentros ofrecen la posibilidad de verificar la destreza comunicativa de los candidatos, su solvencia en relación con los temas planteados, así como la capacidad dialéctica frente a sus directos oponentes. Los votantes, pues, reciben una visión inmediata y contrastada de las principales ofertas políticas por parte de sus líderes, lo que, a la postre, incrementa la calidad democrática de los procesos electorales.
En este genérico contexto de referencia, la pauta concurrente en los países de nuestro entorno muestra la existencia de previsiones normativas referidas a los requisitos a cumplir con ocasión de los debates, dando por sentada su celebración. El caso de España responde al modelo normativo, aunque no a la premisa de fondo. Con respecto al marco regulador, contamos con diversas previsiones, recogidas a partir de 2011 tanto en la LOREG como en una instrucción emitida por la Junta Electoral Central (la 4/2011), que disponen cómo han de organizarse y qué requisitos han de cumplir los debates electorales tanto en las televisiones privadas como en las públicas: respeto de los principios de pluralismo político, neutralidad informativa e igualdad y proporcionalidad. Asimismo, para el caso de que tengan lugar los denominados “cara a cara”, esto es, debates en los que participan únicamente los líderes de las dos fuerzas políticas mayoritarias, se prevé la necesidad de organizar otros encuentros contando con la presencia de los partidos con grupo parlamentario propio. Lo que la normativa no impone es su celebración, la cual se muestra como eventual.
Es en relación con este aspecto donde la cultura política democrática despliega un rol esencial, entendiendo, allí donde está profundamente enraizada, estos encuentros televisivos no solo en términos subjetivos, esto es, como un derecho que asiste al electorado, sino también en clave objetiva o institucional, en tanto que obligación de las fuerzas políticas a cuyo cumplimiento no se sustraen. Por tal razón, en tal contexto, su imposición en sede normativa carece de justificación.
Es justamente esta esencial premisa la que no concurre en el caso español. Aunque existe una tradición de debates televisivos relativamente asentada, el primero se celebró en 1993, con la presencia de Felipe González y José María Aznar, pero hubo que esperar hasta 2008 para que tuviera lugar el siguiente entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Lo cierto es que no está interiorizada como un deber insoslayable por todos los actores políticos. Las últimas elecciones generales nos brindaron un significativo ejemplo al respecto, cuando Alberto Núñez Feijóo se negó a participar en el encuentro organizado por RTVE con los líderes de las cuatro fuerzas con mayor representación en el Congreso.
Precisamente para neutralizar la habitual incertidumbre que acompaña la celebración de los debates en cada cita electoral se justifica una reforma legislativa que, en la línea de lo establecido en algunas comunidades autónomas (Andalucía o País Vasco), disponga su carácter preceptivo. Ante la debilidad de nuestra cultura política, la solución más realista es aceptar la necesidad de recurrir, como remedio paliativo, a la regulación jurídica.
