MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal condena por el mismo delito a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de ese proyecto: Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
A todos los condenados, no obstante, la Audiencia Nacional les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.
En el juicio, la Fiscalía solicitó 8 años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación, y 6 años para otros cinco acusados que formaron parte del equipo directivo del Campus en la primera etapa del proyecto. Los seis estaban acusados de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
Aparte de Prada, estaban acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano José Sanz Piñar (subdirector general técnico), Alicio de las Heras Rodríguez (director financiero), Félix José García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus que arrojaba diversas irregularidades.
Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos del Campus: "Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".
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