VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La sentencia recoge el acuerdo de conformidad al que llegaron antes del juicio la Fiscalía y la defensa, por el que el acusado reconoció los hechos, se declaró autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial en concurso con un delito de estafa y aceptó las penas solicitadas por ellos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.
El fallo aprecia la concurrencia de las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación parcial del daño, pues el penado consignó antes de la vista oral 1.000 euros para satisfacer parte de los 5.820 euros que deberá abonar a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
El perjudicado, no obstante, según se recoge en la resolución judicial, llegó a abonar por este mismo fraude en cuentas bancarias a disposición de otros presuntos estafadores que no han sido localizados, al estar en paradero desconocido, otras cantidades que en total superan los 122.000 euros.
Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando el acusado, que actuó en unión de otras personas contra las que no se siguió el procedimiento por no haber sido identificadas o estar en ignorado paradero, remitió a la víctima una carta en la que se identificaba como abogado y en la que le comunicaba que podía aceptar una herencia de 9,3 millones de euros depositada en una caja de seguridad en España por un ciudadano fallecido durante un terremoto en China en 2008.
No obstante, le advertía de la necesidad de realizar diversos pagos en efectivo para poder liberar la herencia y remitirle el dinero a su cuenta bancaria, de la que era beneficiario en Canadá.
El ahora condenado, junto con sus compinches, para dotar de apariencia de seriedad y credibilidad a sus comunicaciones, confeccionó documentación falsa --como una declaración jurada ante el Ministerio de Justicia, certificados de una empresa o documentos bancarios-- y recibió en una cuenta abierta por él en España con un pasaporte falsificado 5.820 euros del perjudicado que ahora deberá reintegrarle, según se establece en la sentencia.
Todos los documentos, aún con errores de formato y de contenido "evidentes", "eran sin embargo suficientes para convencer a la persona contactada de la legalidad de la operación, dada su condición de extranjero desconocedor del idioma español y del formato oficial de los documentos de los órganos judiciales en España", según recoge la sentencia.
Así, las "iniciales reticencias" de la víctima para abonar las cantidades reclamadas "fueron salvadas mediante la remisión de documentos que habían sido elaborados con la finalidad de aparentar que el propio letrado encargado de la realización de los trámites de la herencia estaba adelantando los pagos por cuenta de su cliente".
