¿ES NECESARIO ACTUALIZAR EL CONTRATO SOCIAL EN ESPAÑA?
El Consejo de la UE acaba de recomendar a España asegurar un sistema fiscal sostenible. La sociedad española se enfrenta a retos de envergadura: la transición digital plantea esfuerzos que no me atrevo a cuantificar puesto que dependen de la evolución de la tecnología; la transición medioambiental, con una brecha de inversión anual que el Informe de País para España 2024 de la Comisión Europea cifra en 11.500 millones de euros; unas perspectivas sobre envejecimiento de la población que hacen prever que en 2050 habrá 1,6 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65, con altos costes en pensiones y sanidad; se plantea asimismo acuciantes problemas de convergencia territorial y social: la renta per cápita en Madrid estuvo en el 117% de la media europea, Andalucía, en el 65% en 2022, con enormes disparidades en cuanto a la población en riesgo de pobreza: el 26% para el conjunto del país, uno de los peores datos de la UE, pero que diverge entre el 14,5% de Navarra y el 36,9% de Extremadura. Estos desafíos se plantean en un contexto de finanzas públicas débiles. Desde 2008 la insuficiencia de ingresos es persistente. Tras el pico del 10,1% de déficit público en 2020 debido a la pandemia, se cerró en el 4,7% en 2022. Para 2024, se ha estimado ya por debajo del 3%. Estos desequilibrios han resultado en una elevada deuda pública, que alcanzó el 107,7% en 2023.
La pregunta es qué hacer desde la perspectiva de los ingresos públicos, dado que los gastos previstos son difícilmente revisables. La UE no se pronuncia sobre su nivel, cuestión que queda para la decisión de cada país miembro. De hecho, el Gobierno español se comprometió en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para salir de la crisis económica de la pandemia a elevar los ingresos tributarios para situarlos en unos estándares europeos.
La coyuntura económica ha aumentado los recursos tributarios. El FMI lo atribuye al incremento del empleo, con subidas en las cotizaciones sociales y en el impuesto sobre la renta del trabajo, y al crecimiento económico, con subidas en la imposición sobre sociedades. También incluye el factor de la subida de precios, con mayores ingresos por IVA, compensados con reducciones en el gravamen de bienes básicos (alimentos y combustibles), así como el salto a tramos superiores de gravamen de los contribuyentes que vieron subir sus salarios. Surge la pregunta sobre la estabilidad de estos nuevos ingresos, lo que va a depender de que el Gobierno central y los de las Comunidades Autónomas no decidan deflactar las tarifas del impuesto sobre la renta.
Lo que sí recomienda el Consejo de la UE es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es importante recordar que existe un interés europeo en que las cuentas públicas estén saneadas puesto que, en un contexto de mercado interior con moneda única, los efectos de los desequilibrios de una economía nacional se hacen sentir en otras. Amén
de las dificultades que entraña para los retrasados de la clase moverse en decisiones de política monetaria comunes y que no les sean necesariamente convenientes.
En este camino, se hace necesario un sistema fiscal que apoye mejor el crecimiento y el empleo. Habría espacios fiscales para dar cumplimiento al compromiso de España. De una parte, los impuestos sobre el consumo y medioambientales son bajos según los estándares europeos. Se dice que son regresivos, aunque la pregunta es si un sistema fiscal que entorpece el crecimiento y el empleo no lo sería en mayor medida. El incremento de los impuestos indirectos y la reducción de sus tipos reducidos se pueden compensar con ayudas directas a quienes deban recibirlas en función de su nivel, bajo, de renta.
Queda pendiente la revisión de los beneficios fiscales. El Gobierno español se comprometió a su valoración. No se debe olvidar que son formas de eliminar la generalidad de la imposición. La tendencia desde la reforma fiscal de 1977 es el incremento del número de los existentes, con una clara inercia en su mantenimiento con independencia de que hayan dejado de estar justificados. Hay fórmulas alternativas para atender a situaciones de dificultad focalizadas en quienes verdaderamente las necesitan.
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